Aunque és una noticia fuera del ámbito de L’Olleria, afecta a todos los valencianos. Desde los seguidores de programas gastronómicos, a los fervientes seguidores de L’Alqueria Blanca, que se las prometían felíces con la nueva temporada. El caso es que Canal Nou cierra, que nos aburriremos de ver el típico desfile de políticos y sindicalistas culpándose unos a los otros y tratándo como siempre de sacar rédito electoral. Los «inteligentes» de tertulia que abrirán la caja de las mil soluciones que se podían haber tomado, y como no, señalar el momento en que empezaron los males. El caso es que sea por unos o por otros, perdemos una seña de identidad propia.
La Generalitat anuncia la medida horas después de que el TSJ haya declarado nulo el ERE. «La readmisión de más de mil empleados hace su continuidad inviable, pues sólo el coste de una plantilla de 1.700 trabajadores supondría aproximadamente 72 millones»
El Consell ha optado por el cierre de RTVV. La decisión se toma horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana haya hecho pública esta mañana la sentencia por la que declara nulo el Expediente de Regulación de Empleo del ente que afectó a un millar de trabajadores.
Este martes por la mañana se ha dado a conocer la resolución del tribunal valenciano, en la que se acuerda anular el ERE al detectar «irregularidades importantes», y se reconoce el derecho del millar de trabajadores despedidos a ser readmitidos. Por la tarde, tras una reunión en la que al menos han asistido el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y el vicepresidente, José Císcar, se ha decidido cerrar RTVV.
El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ya anunció el pasado 20 de septiembre que si se anulaba el ERE «no podría permitirse una televisión pública con casi 1.300 trabajadores».
La Generalitat Valenciana manifiesta, a través de un comunicado de prensa, que la «difícil decisión de abordar un ERE en Radio Televisión Valenciana se engloba dentro de la reestructuración del sector público empresarial cuya finalidad era lograr una administración más ligera y sostenible». En el caso concreto de RTVV, la deuda acumulada y asumida por la Generalitat, superaba los 1.000 millones de euros. Una cifra que «dejaba en evidencia que RTVV era claramente deficitaria e insostenible con la dimensión que tenía en ese momento».
Ante esta situación, se abrían dos caminos: el cierre de la empresa pública o el redimensionamiento de la misma, que afectaba de manera directa al tamaño de la plantilla.
«La voluntad de este Consell ha sido desde el primer momento la de mantener abierta RTVV, en tanto que ofrece un servicio público. Por ello, se optó por la segunda opción y, en aras de la independencia que debe regir todo proceso de estas características, se encargó a una empresa externa el proceso de ejecución del ERE», según expone el comunicado.
«La ejecución del ERE siempre ha correspondido a la dirección de la empresa pública»
Asimismo, «se promovió una nueva Ley de RTVV que ahondara en la vocación de servicio público, pluralidad y defensa de las señas de identidad de la radio y la televisión públicas. Es en este punto donde acaban las decisiones del Consell respecto a RTVV. El proceso de ejecución del ERE siempre ha correspondido, en exclusiva, a la dirección de la empresa pública, en tanto que ésta siempre ha tenido entidad jurídica propia».
Según la sentencia del TSJCV, dos son las causas concluyentes de que el ERE haya sido declarado nulo:
La primera, la aplicación del criterio social sólo para trabajadores afectados por el ERE que, en el momento de la aplicación, aún realizaban sus funciones en la empresa, es decir, con posterioridad a la salida del ente de empleados susceptibles de beneficiarse de dicho criterio y a quienes no se tuvo en cuenta a la hora de aplicarlo.
La segunda, la desafección de 186 trabajadores bajo el criterio único de que eran los que, estando afectados, aún permanecían en la empresa debido a la salida escalonada de los trabajadores afectados, sin tener en cuenta a los trabajadores que ya habían salido en ese momento.
Según la sentencia, ambas decisiones vulneran el derecho fundamental a la igualdad tal y como señala el Tribunal. Un derecho que se negó a los empleados que ya no prestaban sus servicios en RTVV como consecuencia del ERE.
Descartado, por lo tanto, el camino que había decidido emprender el Consell, «sólo queda la otra vía que es, lamentablemente, proceder a la supresión del servicio público de la radio y la televisión de ámbito autonómico. La readmisión de más de mil empleados hace su continuidad inviable, pues sólo el coste de los gastos de personal de una plantilla de 1.700 trabajadores supondría aproximadamente 72 millones de euros; una cantidad a la que habría que sumar el gasto de funcionamiento y mantenimiento de RTVV, un coste que la Generalitat no puede asumir en estos momentos».
El Consell ha querido hacer pública esta decisión con celeridad para no prolongar de manera innecesaria la intranquilidad que supondría para los trabajadores de RTVV.
La Generalitat tiene la obligación de priorizar los servicios básicos y garantizar, ante todo, una sanidad, una educación y unos servicios sociales de calidad, universales y gratuitos y ése es el objetivo prioritario de todas las actuaciones que emprende el Consell.
Los argumentos del juez
La Sala ha hecho suyo el planteamiento del fiscal, que había pedido -en el juicio celebrado los pasados días 21 y 22 de octubre- la nulidad del ERE por posible vulneración de derechos fundamentales, ya que a su juicio la «alteración» del listado de afectados supuso un «trato discriminatorio» y no se aportó la documentación necesaria a la representación de los trabajadores.
Los demandantes (CCOO, CGT, Intersindical Valenciana y UGT) también pedían la nulidad por estimar que no había causa para este ERE más allá de la «política», que la empresa actuó con «mala fe negocial» y que se vulneraron derechos fundamentales mediante el «fraude» en la aplicación de los criterios y falta de información.
Radiotelevisión Valenciana alegó en el juicio que no se habían vulnerado derechos fundamentales y que el ERE, justificado por causas técnicas organizativas y sobre todo económicas, era «ajustado a derecho» y aplicado «con todas las cautelas» y sin discriminación.
Según el fallo, contra el que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, «hubo una evidente y clara alteración de los listados y de los propios criterios de designación precedentemente delimitados y aprobados», y que califica de «ambiguos, subjetivos y genéricos», pasando a aplicarse «otros distintos».
Por ello, aprecia «irregularidades importantes» durante el ERE que vulnerarían el principio de igualdad previsto en el artículo 14 de la Constitución y «que debe dar lugar a la nulidad».
Explica que, aunque en el marco de la empresa privada «no rige una obligada identidad de trato hacia todos sus empleados», las posiciones de las Administraciones públicas y, por extensión, de las empresas públicas empleadoras, «se encuentran sujetas al principio de igualdad, cuya vulneración deberá acarrear causa de nulidad».
La sentencia cuestiona la designación de la lista de afectados por el ERE según su pertenencia o no al ente público o a las empresas públicas, ya que considera que, como sus condiciones de acceso fueron similares, no hay «razones sólidas que justifiquen, apoyen o avalen» este criterio.
Recuerda que una vez confeccionados los listados de afectados por el ERE según esos criterios diferenciados, «se produjeron alteraciones» en los mismos, no motivadas por errores sino por «criterios distintos a los aprobados en la decisión final del ERE».
Cita como ejemplo que siete personas que inicialmente no habían sido afectadas fueron incluidas en la lista y que fueron sacadas otras ocho «que, de aplicarse los criterios de designación, sí que hubieran resultado incluidas en el ERE», además de resaltar la salida de otras 67 pospuesta por «motivos técnicos y organizativos».
La empresa aplicó criterios sociales para sacar del ERE a otros dos trabajadores, lo que según el tribunal dio lugar a que hubiera empleados públicos ya cesados que «también podrían haberse visto incluidos por el nuevo criterio social de no afectación», lo que deriva en la vulneración del principio de igualdad.
Mención aparte tienen para la Sala las «alteraciones» producidas por la decisión de sacar de la lista a 186 técnicos que aún no habían hecho efectivo su cese, lo que a juicio del tribunal «vulnera el principio de igualdad» respecto al resto de personal técnico que había sido cesado con anterioridad y que se podían haber beneficiado igualmente de esa decisión.
Cuestiona que durante el proceso selectivo la representación sindical «siempre permaneció al margen y excluida», y critica que el periodo de consultas fue «ciertamente corto» sin que la empresa aceptara ninguna de las propuestas del comité de empresa.
Por ello, entiende que «los términos del despido colectivo estaban acotados de antemano y no había margen para aceptar ni asumir otro remedio menos traumático o de inferior coste social que no fuera el despido de más del 70 % de la plantilla».
Radiografía de un modelo inviable
Ayer por la mañana, minutos después de conocerse el fallo que declaraba nulo el ERE de RTVV, un diputado con mando en el PPCV reflexionó en pasillos: «Hay que tener en cuenta que esto no ha sido un ERE político. Era por necesidades económicas. El actual modelo era inviable de sostener». Un apunte que tuvo su continuación con la decisión de cerrar la cadena pública. El Consell se negó a soportar de nuevo una plantilla desproporcionada cercana a los 2.000 empleados y valorada en casi 74 millones de euros.
La necesidad económica, año tras año, la ha radiografiado la Sindicatura de Comptes que en sus informe de fiscalización daba el titular a la gestión económica en RTVV: «Las sociedades Televisión Valenciana (TVV) y Ràdio Autonomía Valenciana (RAV) se encuentran en una de las causas de disolución previstas en el artículo 363.1 de la Ley de Sociedades de Capital, por haber incurrido en pérdidas que han reducido su patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social».
El último informe de la Sindicatura, referido al ejercicio de 2011, incidía en que la desproporción entre los ingresos y los gastos en RTVV conducían a unos fondos propios negativos acumulados de más de 1.217 millones de euros mientras que el fondo en maniobra también era en negativo más de 202 millones de euros.
A pesar de que la Sindicatura alertaba cada año que la sociedad estaba en causa de disolución, la empresa defendía que el apoyo financiero de la Generalitat, «junto con las medidas tomadas para reducir costes le permitían atender sus deudas y liquidar sus activos en el curso normal de su actividad».
El desequilibrio patrimonial en RTVV, según señala la Sindicatura de Comptes, comenzó en 2000 «como consecuencia del cambio de financiación de las ampliaciones de capital de las sociedades dependientes, que a partir de ese ejercicio y hasta 2008 inclusive, se efectuó mediante el endeudamiento bancario en lugar de obtenerse mediante aportaciones de la Generalitat al fondo social de RTVV».
En 2009 cambió el modelo de financiación, que también se manifestó como insuficiente: «No cubre las pérdidas del grupo que en este ejercicio han superado los 171 millones de euros mientras que las aportaciones de la Generalitat para cubrir pérdidas ha sido de 111 millones de euros, por lo que el déficit de financiación ha sido de 60 millones».
En este último informe de la Sindicatura ya se recoge la aprobación del expediente de regulación de empleo que iba a afectar a 1.189 trabajadores con unas obligaciones económicas de 35 millones de euros. El Consell, como ha repetido el vicepresidente, José Císcar, en los últimas semanas, consideraba inviable una cadena pública con el mismo número de trabajadores.
Otro de los datos demoledores del último informe de la Sindicatura de Comptes apuntaba a la desproporcionada relación entre los aprovisionamientos, que se elevaron a más de 60 millones de euros, y el importe de la cifra de negocios, que ha sido de 17, 4 millones de euros. El desfase era evidente. Además, el gasto de personal ascendió en ese último ejercicio fiscalizado a 74 millones de euros.
La gestión de RTVV en los últimos años le ha llevado a ejecutar operaciones como el pago de 300 millones de euros por la compra de los derechos televisivos del Valencia Club de Fútbol y del Villarreal Club de Fútbol, operaciones ruinosas que la venta de los derechos se quedaban muy por debajo de lo pagado. Un desfase que publicó este periódico y que meses después fue recuperado por el diputado de EU, Ignacio Blanco, en base a las informaciones.
La cuenta general de 2012, ejercicio que todavía no ha sido fiscalizado por la Sindicatura de Comptes, reflejó a finales del mes de septiembre que Ràdio Autonomia Valenciana cerró el año con unos fondos propios negativos de más de 7 millones de euros y unas pérdidas superiores a los 11 millones. La hermana mayor, la televisión pública valenciana, presentó unos fondos en negativo de 134 millones de euros con unas pérdidas de más de 154 millones. RTVV era la única empresa en la que no se puede visionar en la cuenta general los informes de auditoría referidos al ejercicio de 2012. La oposición , en Les Corts, siempre ha exigido medidas para controlar a elevada deuda de Canal 9.
Tot i que és una notícia fora de l’àmbit de l’Olleria, afecta a tots els valencians. Des dels seguidors de programes gastronòmics, als fervents seguidors de l’Alqueria Blanca, que se les prometien feliços amb la nova temporada. El cas és que Canal Nou tanca, que ens avorrirem de veure el típic desfilada de polítics i sindicalistes culpant uns als altres i tractant com sempre de treure rèdit electoral. Els «intel · ligents« de tertúlia que obriran la caixa de les mil solucions que es podien haver pres, i com no, assenyalar el moment en què van començar els mals. El cas és que sigui per uns o per altres, perdem un senyal d’identitat pròpia.
La Generalitat anuncia la mesura hores després que el TSJ hagi declarat nul l’ERO . « La readmissió de més de mil empleats fa la seva continuïtat inviable , ja que només el cost d’una plantilla de 1.700 treballadors suposaria aproximadament 72 milions »
El Consell ha optat pel tancament de RTVV . La decisió es pren hores després que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana haja fet pública aquest matí la sentència per la qual declara nul l’Expedient de Regulació d’Ocupació de l’ens que va afectar un miler de treballadors .
Aquest dimarts al matí s’ha donat a conèixer la resolució del tribunal valencià , en la qual s’acorda anul · lar l’ERO en detectar » irregularitats importants» , i es reconeix el dret del miler de treballadors acomiadats a ser readmesos . A la tarda , després d’una reunió en què almenys han assistit el president de la Generalitat , Alberto Fabra , i el vicepresident , José Císcar , s’ha decidit tancar RTVV .
El vicepresident i portaveu del Consell , José Císcar , ja va anunciar el passat 20 de setembre que si s’anul · lava l’ERO » no podria permetre una televisió pública amb gairebé 1.300 treballadors» .
La Generalitat Valenciana manifesta , a través d’un comunicat de premsa , que la » difícil decisió d’abordar un ERO a Ràdio Televisió Valenciana s’engloba dins de la reestructuració del sector públic empresarial la finalitat era aconseguir una administració més lleugera i sostenible» . En el cas concret de RTVV , el deute acumulat i assumida per la Generalitat , superava els 1.000 milions d’euros . Una xifra que » deixava en evidència que RTVV era clarament deficitària i insostenible amb la dimensió que tenia en aquell moment» .
Davant d’aquesta situació , s’obrien dos camins : el tancament de l’empresa pública o el redimensionament de la mateixa , que afectava de manera directa a la grandària de la plantilla .
» La voluntat d’aquest Consell ha estat des del primer moment la de mantenir oberta RTVV , en tant que ofereix un servei públic . Per això, es va optar per la segona opció i , en nom de la independència que ha de regir tot procés d’aquestes característiques , es va encarregar a una empresa externa el procés d’execució de l’ERO » , segons exposa el comunicat .
«L’execució de l’ERO sempre ha correspost a la direcció de l’empresa pública «
Així mateix, » es va promoure una nova Llei de RTVV que aprofundís en la vocació de servei públic , pluralitat i defensa de les senyes d’identitat de la ràdio i la televisió públiques . És en aquest punt on acaben les decisions del Consell respecte a RTVV . El procés d’execució de l’ERO sempre ha correspost , en exclusiva , a la direcció de l’empresa pública , en tant que aquesta sempre ha tingut entitat jurídica pròpia » .
Segons la sentència del TSJCV , dues són les causes concloents que l’ERO hagi estat declarat nul :
La primera , l’aplicació del criteri social només per a treballadors afectats per l’ERO que , en el moment de l’aplicació, encara realitzaven les seves funcions a l’empresa , és a dir , amb posterioritat a la sortida de l’ens d’empleats susceptibles de beneficiar d’aquest criteri ja que no es va tenir en compte a l’ hora d’aplicar .
La segona , la desafecció de 186 treballadors sota el criteri únic de que eren els que, estant afectats , encara romanien en l’empresa a causa de la sortida escalonada dels treballadors afectats , sense tenir en compte als treballadors que ja havien sortit en aquest moment .
Segons la sentència , les dues decisions vulneren el dret fonamental a la igualtat tal com assenyala el Tribunal . Un dret que es va negar als empleats que ja no prestaven els seus serveis en RTVV com a conseqüència de l’ERO .
Descartat , per tant , el camí que havia decidit emprendre el Consell , «només queda l’altra via que és , lamentablement , procedir a la supressió del servei públic de la ràdio i la televisió d’àmbit autonòmic . La readmissió de més de mil empleats fa la seva continuïtat inviable , ja que només el cost de les despeses de personal d’una plantilla de 1.700 treballadors suposaria aproximadament 72 milions d’euros , una quantitat a la qual caldria sumar la despesa de funcionament i manteniment de RTVV , un cost que la Generalitat no pot assumir en aquests moments » .
El Consell ha volgut fer pública aquesta decisió amb celeritat per no prolongar de manera innecessària la intranquil · litat que suposaria per als treballadors de RTVV .
La Generalitat té l’obligació de prioritzar els serveis bàsics i garantir , sobretot, una sanitat , una educació i uns serveis socials de qualitat , universals i gratuïts i aquest és l’objectiu prioritari de totes les actuacions que emprèn el Consell .
Els arguments del jutge
La Sala ha fet seu el plantejament del fiscal , que havia demanat – en el judici celebrat els passats dies 21 i 22 d’octubre- la nul · litat de l’ERO per possible vulneració de drets fonamentals , ja que al seu parer la » alteració» del llistat de afectats va suposar un «tracte discriminatori » i no es va aportar la documentació necessària a la representació dels treballadors .
Els demandants ( CCOO , CGT , Intersindical Valenciana i UGT ) també demanaven la nul · litat per estimar que no hi havia causa per a aquest ERO més enllà de la » política» , que l’empresa va actuar amb «mala fe negociadora » i que es van vulnerar drets fonamentals mitjançant el «frau » en l’aplicació dels criteris i falta d’informació .
Radiotelevisió Valenciana legar en el judici que no s’havien vulnerat drets fonamentals i que l’ERO , justificat per causes tècniques organitzatives i sobretot econòmiques , era » ajustat a dret» i aplicat » amb totes les cauteles » i sense discriminació .
Segons la sentència , contra la qual cap recurs de cassació davant el Tribunal Suprem , «hi va haver una evident i clara alteració dels llistats i dels propis criteris de designació precedentment delimitats i aprovats» , i que qualifica de » ambigus , subjectius i genèrics » , passant a aplicar-se » altres diferents» .
Per això , aprecia » irregularitats importants » durant l’ERO que vulnerarien el principi d’igualtat que preveu l’article 14 de la Constitució i «que ha de donar lloc a la nul · litat» .
Explica que , tot i que en el marc de l’empresa privada » no regeix una obligada identitat de tracte envers tots els seus empleats» , les posicions de les administracions públiques i , per extensió , de les empreses públiques ocupadores , «es troben subjectes al principi d’igualtat , la vulneració haurà comportar causa de nul · litat » .
La sentència qüestiona la designació de la llista d’afectats per l’ERO segons la seva pertinença o no a l’ens públic oa les empreses públiques , ja que considera que , com les condicions d’ accés van ser similars , no hi ha » raons sòlides que justifiquin, donin suport o avalin » aquest criteri .
Recorda que un cop confeccionats els llistats d’afectats per l’ERO segons aquests criteris diferenciats , «es van produir alteracions » en els mateixos , no motivades per errors sinó per » criteris diferents als aprovats en la decisió final de l’ERO » .
Cita com a exemple que set persones que inicialment no havien estat afectades van ser incloses en la llista i que van ser tretes vuit «que, d’aplicar-se els criteris de designació , sí que haguessin resultat incloses a l’ERO «, a més de ressaltar la sortida d’altres 67 posposada per » motius tècnics i organitzatius» .
L’empresa va aplicar criteris socials per a treure de l’ERO a dos treballadors , el que segons el tribunal va donar lloc al fet que hi hagués empleats públics ja cessats que » també podrien haver-se vist inclosos pel nou criteri social de no afectació «, el que deriva en la vulneració del principi d’igualtat .
Menció a part tenen per a la Sala les » alteracions » produïdes per la decisió de treure de la llista a 186 tècnics que encara no havien fet efectiu el seu cessament, el que a judici del tribunal » vulnera el principi d’igualtat» respecte a la resta de personal tècnic que havia estat cessat amb anterioritat i que es podien haver beneficiat igualment d’aquesta decisió .
Qüestiona que durant el procés selectiu la representació sindical » sempre va romandre al marge i exclosa» , i critica que el període de consultes va ser «certament curt » sense que l’empresa acceptés cap de les propostes del comitè d’empresa .
Per això , entén que «els termes de l’acomiadament col · lectiu estaven tancats per endavant i no hi havia marge per acceptar ni assumir un altre remei menys traumàtic o d’inferior cost social que no fos l’acomiadament de més del 70% de la plantilla» .
Although news is quite outside the scope of L’Olleria, affects all Valencia. Since the followers of culinary programs, the fervent supporters of L’Alqueria Blanca, which is the promised happy with the new season. Anyway, closes Canal Nou, you get bored of seeing the usual parade of politicians and members blaming each other and trying as always to profit election. The «smart» gathering that will open the box of a thousand solutions that could have been taken, and of course, point to the moment they started evils. The case is to be for one or the other, we lose a mark of identity.
The Government announced the measure hours after the Supreme Court declared invalid the ERE . «The reinstatement of over a thousand employees continuity makes unfeasible , for only the cost of a workforce of 1,700 workers would be approximately 72 million »
The Consell has chosen RTVV closing . The decision was made hours after the High Court of Valencia has made the statement released this morning by declaring null Redundancy Employment agency affecting a thousand workers .
This morning Tuesday unveiled the Valencian court’s decision , which was agreed to annul the ERE to detect » significant irregularities » and recognizes the right of thousand rehiring laid-off workers . In the afternoon , after a meeting in which at least attended by the president of the Generalitat , Alberto Fabra , and Vice President Joseph Císcar , has decided to close RTVV .
The Consell vice president and spokesman Jose Císcar , as announced on September 20 that if they nullified the ERE » could not afford a public television with nearly 1,300 workers .»
The Valencia manifested through a press release that the «difficult decision to address an ERE in Radio Televisión Valenciana is included within the restructuring of public sector enterprises whose purpose was to achieve a lighter and sustainable management » . In the case of RTVV , accumulated debt assumed by the Government , exceeded 1,000 million euros. A figure that » it showed that RTVV was clearly insufficient and untenable with the dimension that had at that time .»
In this situation, there were two paths : the closing of the public or resizing it, directly affecting the size of the workforce.
» The will of the Consell has been from the outset to maintain open RTVV , while providing a public service. For this reason , we chose the second option and , for the sake of independence that should govern any process of this kind , was commissioned an external company the ERE implementation process , «according to the statement exposes .
«The execution of ERE always correspond to the direction of the public company »
Also, » promoted a new law that will deepen RTVV in the vocation of public service , diversity and defense of the hallmarks of public radio and television . ‘s At this point that just Consell decisions regarding RTVV . The ERE implementation process always correspond , exclusively, to public company management , while it has always had its own legal entity . »
According to the judgment of TSJCV , there are two compelling reasons that the ERE has been declared invalid :
The first , the application of social criteria only to workers affected by ERE , at the time of the application , even performed their functions in the company , ie , after the departure of employees being able to benefit from this criterion and those not taken into account when applying.
The second , the disaffection of 186 workers on the sole criterion that they were being affected , still remained in the company due to the gradual release of the affected workers, regardless of the workers who had already left at that time .
According to the judgment , both decisions violate the fundamental right to equality as stated by the Court . A right denied to employees who no longer provide their services as a result of ERE RTVV .
Discarded , therefore , the way he had decided to take the Consell, » is just another way that is unfortunately necessary to abolish public service radio and television regional level . Readmission of over a thousand employees continuity makes unfeasible , for only the cost of personnel expenses of a staff of 1,700 workers would be about 72 million euros, an amount to which must be added the cost of running and maintaining RTVV , a cost that the Government does not can take right now . »
The Consell wanted to publish this decision expeditiously so as not to unnecessarily prolong the unrest would mean for workers RTVV .
The Government has an obligation to prioritize basic services and ensure , above all, a health, education and social services quality , universal and free and that is the main objective of all activities undertaken by the Consell .
The arguments of the judge
The Board has adopted the approach of the prosecutor , who had requested the trial – in on 21st and October 22 , the invalidity of ERE for possible infringement of fundamental rights , and that in his opinion the «alteration» of the list of affected was a » discriminatory treatment » and not provided the documentation necessary for the representation of workers.
The plaintiffs ( CCOO , CGT, Inter-Valencia and UGT ) also demanded the annulment on the grounds that there was no cause for this ERE beyond the «politics » that the company acted with «bad faith bargaining » and that fundamental rights were violated by «fraud » in the application of the criteria and lack of information.
Valencia Broadcasting argued at trial that no fundamental rights were violated and that the ERE , justified by technical reasons mainly organizational and economic , was » consistent with law » and implemented » with all due caution » without discrimination.
According to the ruling , against which it should appeal to the Supreme Court , » there was an evident and clear alteration own listings and designation criteria previously defined and approved » and calling them » ambiguous , subjective and generic » , going to apply » other than » .
Therefore seen » significant irregularities » during the ERE infringe the principle of equality under Article 14 of the Constitution and » that should lead to invalidity .»
Explain that although under private enterprise » applies not an obligatory identical treatment to all employees » , the positions of public administrations and , by extension, public enterprises employing , » are subject to the principle of equality , whose violation must entail nullity because » .
The statement questioned the appointment from the list of affected by ERE as belonging or not to the public body or public enterprises, as it believes that , as their access were similar , there is » solid reasons to justify , support or endorse » this criterion.
Remember that once made the lists of affected by ERE differentiated according to those criteria , » there were alterations » in them, no errors but motivated by » criteria other than those approved in the final decision of the ERE » .
Cites as an example that seven people who were not initially affected were listed and eight others were taken » that if the criteria for designation , yes that would have been included in the ERE » , while stressing the output of other 67 postponed for » technical and organizational reasons .»
The company applied social criteria to get the other two workers ERE , which the court said had led to public employees and dismissed it » could also have been included by the new social criterion of non-assignment » , resulting in the breach of the principle of equality.
Special mention to the room have the » disturbances » caused by the decision to remove from the list to 186 technicians who had not yet cashed his dismissal , which the court’s opinion «violates the principle of equality » compared to other technical staff which had been stopped before and that could have also benefited from the decision.
Dispute that during the selection process for union representation » always remained outside and excluded » , and complains that the consultation period was «certainly short » without the company accept any of the proposals of the committee.
Therefore, understand that » the terms of the collective dismissal were bounded in advance and there was room for another remedy accept or assume less traumatic or lower social cost other than the dismissal of more than 70 % of the workforce » .
